Derechos Editoriales y del Autor · 22 min de lectura

Gestión de derechos: gestión colectiva y gestión digital

Abrir en Cursada

⚠️ Borrador jurídico. Este apunte se armó a partir de los textos de la cátedra y todavía no lo revisó una persona del área. Los datos marcados [verificar] o [reconstruido] no están confirmados: contrastalos con la ley o la bibliografía antes de usarlos. Si encontrás un error, avisame con 💡 Sugerencias.

Textos: Cátedra, «Unidad 8. Gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos y sistemas automatizados de gestión de derechos» (el encabezado del archivo dice «Unidad 10» y «Unidad 8») · Cátedra, Unidad 7, §4 (pp. 14-19) · Fallos SADAIC c/ Rodríguez Fabián (Córdoba, 30/11/2022), Argentores c/ Televisión Federal (CNCiv, Sala L, 21/9/2010), Ferrer c/ SADAIC (CNCiv, Sala C, 30/9/2010), SGAE v. Disco Bar Metropol (Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6 de Badajoz, 17/2/2006) | Tiempo estimado de lectura: 35 min

Mapa rápido #

• Unidad 8 del programa. ¿Cómo se ejercen los derechos cuando el titular no puede hacerlo solo? Tres modos: individual, colectivo y automatizado (digital).
• La gestión colectiva surge para los usos secundarios, que el autor no puede controlar uno por uno (U8, p. 1). Las entidades recaudan, administran y distribuyen.
• La gestión digital de derechos (DRM) sigue la misma lógica con tecnología: reglas de uso incrustadas en el contenido, servidores de licencia, cifrado (U8, Parte II).
• Los fallos muestran tres preguntas: ¿hasta dónde llega la representación de una entidad (SADAIC Córdoba, Argentores)? ¿Cómo responde la entidad frente a sus socios (Ferrer)? ¿Qué pasa con la música con licencias alternativas (Creative Commons) que no está en su repertorio (SADAIC Córdoba, SGAE)?
• Cuidado con el derecho comparado: SGAE v. Disco Bar Metropol es un fallo español; SADAIC Córdoba, Argentores y Ferrer son argentinos.

1. Gestión colectiva #

Tesis central #

Para ciertos usos (una radio que pasa música, una universidad que fotocopia, un hotel con televisores) es materialmente imposible que cada autor negocie con cada usuario y que cada usuario pida permiso a cada autor. La gestión colectiva es la solución: organizaciones representan a los titulares, negocian tarifas y condiciones, otorgan licencias, recaudan y distribuyen (U8, p. 1-2). La cátedra la presenta como «una de las soluciones posibles al problema de la territorialidad del derecho de autor en un entorno analógico».

Conceptos clave #

• Concepto (U8, p. 1): ejercicio del derecho de autor y de los derechos conexos por intermedio de organizaciones nacionales que actúan en representación de los titulares, para recaudar, administrar y distribuir.
• Quiénes son miembros (U8, pp. 1-2): autores, compositores, editores, escritores, fotógrafos, músicos y artistas. Los organismos de radiodifusión se consideran usuarios, aunque tengan derechos propios. Las obras que los miembros declaran forman el repertorio nacional o local; el conjunto de las gestionadas en el mundo es el repertorio internacional.
• Derechos que suelen gestionarse (U8, p. 2): representación y ejecución pública (música en discotecas, restaurantes), radiodifusión, reproducción mecánica musical, representación de obras dramáticas, reproducción reprográfica de obras literarias y musicales (fotocopiado) y derechos conexos (remuneración de intérpretes y productores de fonogramas por radiodifusión o comunicación pública).
• Tres tipos de entidades (U8, p. 2): 1. Tradicionales: negocian tarifas y condiciones con los usuarios, otorgan licencias y recaudan y distribuyen; el titular no participa directamente. 2. Centros de gestión de derechos (clearance centers): otorgan licencias con las condiciones y la remuneración que fija cada titular; actúan como agente suyo. Ejemplo de la cátedra: la reprografía de libros y revistas. 3. Sistemas centralizados o de «ventanilla única»: coalición de varias entidades que ofrece servicios centralizados; ganan terreno con las producciones multimedia, que necesitan muchas autorizaciones.
• Obras musicales (U8, p. 2): la gestión se apoya en tres pilares, catalogación, concesión de licencias y distribución. Se descuenta un porcentaje para costos administrativos y, en algunos países, para fines sociales y culturales.
• Obras dramáticas (U8, p. 3): la entidad actúa como agente representante del autor; negocia un contrato general con los teatros y exige además una autorización individual del autor para cada representación.
• Obras impresas (U8, p. 3): la gestión se centra en la reprografía (fotocopias de bibliotecas, universidades, escuelas, organismos públicos). Algunas legislaciones prevén licencias no voluntarias: el uso se hace a cambio de remuneración sin consentimiento previo del titular, y la entidad administra la remuneración. En la copia para uso privado, algunas leyes establecen una remuneración equitativa con base en un baremo sobre el aparato o las fotocopias (el «canon compensatorio» del programa).
• Derechos conexos (U8, p. 3): remuneración de artistas y productores cuando los fonogramas comerciales se comunican al público o se radiodifunden, recaudada por entidades conjuntas o separadas.
• Trato nacional y acuerdos de representación recíproca (U8, p. 3): las leyes nacionales rigen dentro del país; por el principio de trato nacional (Berna, Roma) los extranjeros reciben el mismo trato que los nacionales. Las entidades administran repertorios extranjeros en su territorio mediante acuerdos de representación recíproca, intercambian información y distribuyen a los titulares extranjeros.
• Organizaciones internacionales (U8, p. 3): CISAC (autores y compositores), IFRRO (derechos de reproducción reprográfica), AEPO (artistas intérpretes en Europa), más FIA, FIM e IFPI que menciona la cátedra.
• Dimensión socioeconómica (U8, pp. 3-4): algunas entidades ofrecen asistencia social (salud, jubilación) y promoción cultural. No son funciones obligatorias; se financian con una deducción que, según la CISAC, «no debería superar el 10 por ciento de los ingresos netos» (U8, p. 4).
• Gestión colectiva y editoriales de libros (U7, p. 14): en el libro, los primeros usos se gestionan por contrato individual; la gestión colectiva aparece en los usos secundarios (por ejemplo, fotocopias en establecimientos educativos). La cátedra no nombra a la entidad reprográfica argentina; si se la pide en clase, sería CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos). Ojo con su situación legal: el Decreto 736/2023 (texto oficial) la había habilitado como entidad con representación exclusiva, pero el Decreto 1036/2024 (B.O. 25/11/2024, art. 1) lo derogó por considerar la exclusividad contraria a la libre concurrencia; hoy no hay un régimen exclusivo.
• Nuevas formas mixtas (U7, p. 15): los centros de recaudación y distribución combinan tarifas determinadas individualmente por los titulares con una ventanilla única para el usuario. Algunos entregan también el contenido junto con la licencia (ej. course packs digitales).

Individual, colectiva, automatizada: comparación #

(La tabla es un ordenamiento propio de lo que dicen U7, pp. 14-15 y U8, Partes I y II. (aplicación propia de este resumen, no de la bibliografía))

2. Gestión digital de derechos (Parte II de la unidad) #

Tesis central #

La tecnología digital hace posible copiar sin límite, pero también controlar el uso mediante reglas incorporadas al contenido. La cátedra distingue la gestión de contenidos (crear, transformar, almacenar, transmitir, reproducir, destruir el contenido) de la gestión de derechos (los actos referidos a los derechos que rigen esa gestión: nacen de la ley, del contrato o de ambos) (U8, p. 5). En la práctica deben funcionar sincronizadas: «no se concibe que pueda realizarse legítimamente la gestión de contenidos sin las correspondientes medidas de gestión de derechos» (U8, p. 6).

Conceptos clave #

• Napster (U8, p. 5): lanzado en 1999, llegó a sesenta millones de abonados en un año; la justicia ordenó que cesara por carecer de un sistema apropiado de gestión de derechos. Es el ejemplo de gestión de contenidos sin gestión de derechos.
• Debate sobre el «bloqueo digital» (U8, p. 6): los titulares pueden usar cifrado para impedir usos no autorizados; los usuarios protestan porque se pierde el uso tolerado. La cátedra cita el art. 6.4 de la Directiva europea de 2001 sobre derecho de autor: si el sistema de gestión impide un acto que la ley permite como excepción, hay que buscar una vía para que el usuario pueda realizarlo.
• Reglas fijas vs. dinámicas (U8, p. 7): bloquear el contenido con reglas fijas (el ejemplo de la cátedra son los DVD) es seguro mientras no se rompe la clave; la tarea pendiente son sistemas dinámicos, que adapten las reglas al contexto. Pioneros: Mark Stefik (Xerox PARC) y Victor Shear (InterTrust).
• Modelo tipo de Erickson (nueve etapas) (U8, p. 8): el usuario obtiene el recurso; la aplicación detecta que la acción necesita autorización; el cliente envía los atributos a un servidor de licencias; el servidor determina las normas; se hace la transacción económica; se arma el paquete de licencia (reglas, identificadores, información de revocación y clave de cifrado); se transmite de forma segura; el cliente autentica, examina las normas y descifra; finalmente el contenido se usa según lo permitido.
• Cinco factores de un buen sistema (U8, pp. 9-10): confianza (resultado previsible; la cátedra usa el ejemplo del cajero automático), seguridad (nunca absoluta; Schneier propone cinco reglas), facilidad de uso (las soluciones muy seguras la sacrifican), capacidad de ampliación (los primeros sistemas, como InterTrust, fracasaron por complejidad y costo) y compatibilidad (las marcas principales usan piezas propias y rara vez son compatibles entre sí).
• Sistemas de gestión electrónica del derecho de autor (ECMS) (U7, pp. 16-18): controlan o restringen el uso de las obras en la red. Funciones básicas: identificadores inalterables de la obra y rastreo y control en redes. Técnicas que describe la cátedra: marcas de agua digitales (informan, no impiden modificar), encriptado y contraseñas, DOI (identificador permanente: si cambia la URL, solo se actualiza el vínculo del DOI), y códigos hash para detectar si un texto fue modificado. Requieren una base de datos de obras de acceso libre.
• Tratados Internet de la OMPI, 1996 (WCT y WPPT) (U8, p. 4 y U7, p. 18): obligan a proteger jurídicamente las medidas tecnológicas y la información sobre gestión de derechos frente a su elusión o alteración.
• Cuatro etapas de la gestión colectiva (U7, pp. 18-19): acceso a información sobre obras, derechos y titulares; obtención de permisos; supervisión del uso para calcular regalías; recaudación y distribución. Tres factores que complican la gestión mundial: los derechos se explotan por separado, autor y titular pueden no coincidir, y el derecho de autor es un mosaico de sistemas territoriales.
• Obras huérfanas y descatalogadas (U7, p. 18): cita la iniciativa europea i2010 Biblioteca Digital: «descatalogadas» son las agotadas en papel; «huérfanas», aquellas cuyo titular no puede identificarse o ubicarse. La cátedra remite a la ley francesa de 2012 y a la Directiva 2012/28/UE (derecho comparado).
• Cierre de la unidad (U8, p. 11): el desarrollo de estos sistemas no elimina la necesidad de la gestión colectiva en lo digital; se la necesita «más que nunca» por su doble función: proteger y estimular la distribución. Pesa un buen sistema de identificación de obras.

Alternativas de licenciamiento (U7, pp. 15-16) #

Las licencias Creative Commons permiten ciertos usos con atribución y sin remuneración; el acceso abierto hace gratuitos los artículos científicos. Los dos fallos de la sección siguiente que tratan música de Jamendo y de otros catálogos libres ponen a prueba esta idea frente a las entidades de gestión.

3. Fallos #

3.1 SADAIC c/ Rodríguez Fabián (Córdoba, 30/11/2022) — música libre y límites de la representación #

• Tribunal: juzgado de primera instancia de la ciudad de Córdoba (jueza Laura Mariela González); juicio abreviado, expediente 9444593. Es una sentencia de primera instancia: pesa como ejemplo, no como doctrina de la Corte.
• Hechos: SADAIC demandó al dueño del «Azur Real Hotel Boutique» por $ 172.052,72 de aranceles por la difusión de su repertorio entre el 1/3/2015 y el 31/12/2019 (rubro 3, punto 2 de su arancel: hoteles, por ejecución pública por cualquier medio). Alegó que el derecho de autor que abonan las emisoras de televisión es independiente del que corresponde por la retransmisión pública (art. 11 bis 1 del Convenio de Berna) y que los televisores generan un beneficio indirecto.
• Defensa: en las habitaciones los televisores tenían bloqueados los canales de música; en el lobby se pasaba música de la plataforma Jamendo, que opera con licencias Creative Commons y entrega un certificado de licencia comercial; los artistas de Jamendo declaran no pertenecer a ninguna entidad de gestión. El hotel pagaba una licencia anual a Jamendo (desde el 22/10/2013).
• Marco normativo que invoca el fallo: Ley 11.723 (art. 36: se consideran representación o ejecución pública la transmisión radiotelefónica, la exhibición cinematográfica, la televisión «o cualquier otro procedimiento de reproducción mecánica»), Ley 17.648 (reconoce a SADAIC como asociación civil de carácter privado representativa de los creadores de música y de las sociedades autorales extranjeras) y Decreto 5146/69 (SADAIC percibe en todo el territorio los derechos económicos; quienes los perciban deben actuar a través de ella).
• Qué resolvió: rechazó la demanda (y rechazó la excepción de prescripción del demandado), con costas a SADAIC. 1. Habitaciones: con los canales de música bloqueados no puede entenderse que los televisores estén allí «para que se propale música». Y tampoco el hotel mejoraba su categoría por un servicio de musicalización que no brindaba. Se distingue de la jurisprudencia que, con televisores disponibles, tiene por exigible el arancel «independientemente de que el huésped efectivamente lo use». 2. Espacios comunes: la música libre de Jamendo, bajo licencias Creative Commons, no compromete derechos que SADAIC gestione. El fallo explica que las licencias CC son «algunos derechos reservados» en lugar de «todos los derechos reservados», se enmarcan en el movimiento de la cultura libre y el copyleft, y tienen plena validez en Argentina porque constituyen una forma de ejercer el derecho de autor. Cita la declaración concertada del art. 1.4 del WCT sobre el derecho de reproducción en el entorno digital. 3. Alcance de la representación: SADAIC es una asociación privada; sus estatutos obligan a sus socios, no a terceros. Inscribirse en SADAIC es facultativo; y como el registro de una obra no es obligatorio (el sistema registral de la 11.723 «sin ser constitutivo de derechos» es necesario para ejercer derechos patrimoniales pero no los morales), menos aún podría serlo la inscripción en SADAIC. Por la Ley 17.648 SADAIC no representa a artistas extranjeros sino a sociedades autorales con las que tenga convenios. El argumento del art. 13 de la 11.723 (protección de obras extranjeras) no implica que SADAIC pueda gestionarlas.
• Por qué importa para un editor: (1) para quien produce un libro con música o una versión audio, saber de quién es el repertorio antes de pagar; (2) el contrato con licencias alternativas debe guardarse (certificado, términos); (3) una entidad no recauda por lo que no representa.
• Ojo con una tensión interna: la sentencia cita el Decreto 5146/69 («quienes hayan de percibir esos derechos... deberán actuar a través de dicha sociedad») y, a la vez, concluye que SADAIC no representa a quienes no son socios. No la resuelve: se limita al caso. Aclaración: la fuente no concilia las dos cosas; la diferencia práctica es que Argentores es administradora única de su repertorio por ley, mientras que SADAIC, según este fallo, solo representa a sus socios. Si te lo preguntan, planteá la tensión y quedate con el caso.
• Dato para cotejar con la ficha del sitio: el fallo (2022) transcribe el texto del art. 36 en su redacción tradicional; la ficha de leyes.js dice que la Ley 27.588 (2020) modificó ese artículo. Ver reporte.

3.2 Argentores c/ Televisión Federal S.A. (CNCiv, Sala L, 21/9/2010) — legitimación y orden público #

• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L (Liberman, Galmarini, Pérez Pardo).
• Hechos: Argentores reclamó a Telefe un monto por la comercialización de contenidos (obras bajo su administración) a través de Telefe Internacional, una señal satelital que vendía a operadores de cable en otros países (la pericia contable solo verificó Estados Unidos y México). Telefe sostenía que no vendía video-tapes sino una señal, que eso no era «difusión pública», que no encuadraba en el art. 17 del convenio entre Argentores y ATA y que ya había pactado con los autores.
• Qué se discutió: (i) legitimación activa de Argentores; (ii) si el convenio cubre la señal satelital; (iii) si los contratos con los autores se pueden oponer a la entidad; (iv) los montos y las deducciones.
• Qué resolvió: confirmó casi todo; modificó solo un punto: no corresponde deducir los pagos del exterior, porque eran aranceles cobrados por sociedades similares a Argentores en otros países y no los conceptos demandados. Costas de alzada a Telefe.
• Legitimación: la Ley 20.115 (art. 1) reconoce a Argentores como asociación civil, cultural y mutualista representativa de los creadores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, cinematográficas, televisivas, radiofónicas, coreográficas, etc.; única administradora de esas obras y perceptora de lo que devenga su uso; las personas que perciban derechos económicos deben actuar a través de ella. El Decreto 461/73 la faculta a establecer condiciones de licencia, fijar aranceles, exigir declaraciones juradas y planillas de programación y pedir intervención judicial o policial.
• Soporte irrelevante: el art. 17 del convenio Argentores-ATA obliga a pagar sumas adicionales por la comercialización de programas «grabados en video-tapes o similares»; la enumeración de soportes es enunciativa, no taxativa: lo que se vende es el contenido.
• Contratos con autores inoponibles: «la letra de la ley prima ante cualquier convenio privado entre partes»; las partes no pueden disponer de lo establecido por leyes de orden público. Si el crédito estaba incluido en contratos con los autores y les fue pagado, no es oponible a la entidad, ni tampoco las cesiones de los autores a Telefe.
• Éxito económico irrelevante: el canon debe pagarse con independencia del resultado económico: «el pago arancelario no está sujeto al éxito o fracaso de la gestión».
• Por qué importa para un editor/productor: no se puede «pagar de más» al autor para desconocer a la entidad si la ley le da la administración exclusiva; antes de contratar con autores de obras audiovisuales o dramáticas, verificar el régimen de Argentores.
• Nota: la sigla ATA no se desarrolla en la fuente, así que no la expandas en un examen.

3.3 Ferrer, Gonzalo César c/ SADAIC (CNCiv, Sala C, 30/9/2010) — rendición de cuentas y control de la entidad #

• Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C (Álvarez Juliá, Díaz Solimine, Cortelezzi). La guía lo titula «Ferer».
• Hechos: Gonzalo Ferrer demandó a SADAIC por rendición de cuentas y pago de regalías por el uso de sus obras en Chile. SADAIC opuso falta de legitimación activa y dijo que no podía pagar lo que no cobró de su par chilena.
• Primera instancia: rechazó la excepción de SADAIC y rechazó la demanda.
• Qué resolvió la Cámara (confirmó):
• El recurso de SADAIC fue declarado desierto por falta de crítica concreta y razonada de la sentencia (art. 265 del Código Procesal).
• Sobre la rendición de cuentas, cita el precedente Stampalia c/ SADAIC (Sala D, 4/3/2005, LL 2005-B, 373): las organizaciones de gestión colectiva son universalmente aceptadas; el carácter monopólico que pueden tener es legítimo y no las vuelve inconstitucionales; son el «punto de enlace entre creadores y usuarios», con tres pilares (catalogación, concesión de licencias, distribución).
• Control estatal: la Ley 17.648 y el Decreto 5146/69 establecen fiscalización permanente sobre SADAIC mediante auditores designados por las secretarías de Estado (art. 2 de la ley). La entidad es una persona de derecho privado de interés público.
• Mandato y rendición: existe un mandato o representación necesaria ejercida por un ente fiscalizado por el Estado y controlado por sus asociados. Las cuentas se rinden mediante la Memoria y Balance anual (art. 96 del estatuto), con remisión al art. 1909 del Código Civil derogado; el socio puede controvertir cargos puntuales (arts. 1911, 1912 y 1904 del mismo Código). A priori correspondía remitirlo a las vías administrativas del estatuto.
• Regalías de Chile: no hay prueba de que SADAIC las haya cobrado de su par chilena; no se probó falta de diligencia. La carga de la prueba (art. 377 del Código Procesal) era del actor. El autor tiene derecho a percibir lo generado en Chile cuando el reclamo de SADAIC allá tenga éxito.
• La Cámara reconoce la dificultad de reclamar y cobrar derechos por usos en el exterior y señala que la entidad local necesita delegados en el exterior o convenios con entidades autorales de cada país (cita Fischer c/ SADAIC, Sala F, 25/9/1997).
• Por qué importa: muestra el lado interno de la gestión colectiva: ni control individual del socio sobre cada peso, ni impunidad de la entidad; la fiscalización estatal y los órganos estatutarios son la vía. Para un editor que se afilia a una entidad (por ejemplo, de reprografía), el estatuto y la memoria y balance son las herramientas.
• Nota de lectura: la guía dice «desestima la rendición de cuentas efectuada y el pago»; el fallo confirma el rechazo de la demanda, que es más preciso.

3.4 SGAE v. Disco Bar Metropol (España, Badajoz, 17/2/2006) — carga de la prueba y música libre #

• Tribunal: Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Badajoz (España), sentencia 15/2006, procedimiento ordinario 761/2005. Derecho español: Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido, Real Decreto Legislativo 1/1996) y Ley de Enjuiciamiento Civil.
• Hechos: la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclamó € 4.816,74 por la comunicación pública de su repertorio entre noviembre de 2002 y agosto de 2005 en el local, sin autorización ni pago. El dueño reconoció que usaba música ambiental pero negó que fuera del repertorio de SGAE: la mayoría la obtenía de Internet bajo licencias Creative Commons.
• Reglas procesales: la actora debe probar los hechos que sustentan su pretensión (art. 217.2 de la LEC, con atención a la disponibilidad y facilidad probatoria, 217.6). Como es notorio que SGAE gestiona la inmensa mayoría de la música que se difunde (art. 281.4 LEC), si se difunde música se presume que hay obras de su repertorio. Pero la presunción admite prueba en contrario y al demandado no se le exige la «prueba diabólica» de que ninguna obra pertenece a SGAE: le basta destruir la presunción.
• Qué resolvió: el demandado probó que tenía capacidad técnica y personal de acceder y reproducir música no gestionada por SGAE (testigos, títulos, informes) y que efectivamente era la que se pasaba. Con la presunción rota, la carga recayó en SGAE, que solo probó que se pasaba música (grabación, detectives), no que fuera de su repertorio (los testigos de SGAE no nombraron ninguna obra ni autor concretos). Se desestimó la demanda y se impusieron costas a SGAE (art. 394 LEC).
• Doctrina sobre Creative Commons (de la guía y el fallo): son formas de ejercicio del derecho de autor; el autor no pierde la titularidad; siempre protegen la paternidad; los usos no previstos exigen permiso. Combinaciones: by (atribución), NC (no comercial), ND (sin obras derivadas), SA (compartir igual). Una obra con CC-NC puede licenciarse comercialmente por separado. CC se fundó en 2001 en Estados Unidos por Lessig, Abelson y Eldred, entre otros (guía, p. 1).
• Por qué importa: muestra que la presunción de repertorio de una entidad puede romperse, y que la entidad tiene que probar qué obras de las suyas se usaron.

4. Distinciones que se evalúan #

• Gestión de contenidos vs. gestión de derechos (U8, pp. 5-6).
• Entidad tradicional vs. centro de gestión (clearance center) vs. ventanilla única (U8, p. 2).
• Licencia voluntaria vs. no voluntaria / canon por copia privada (U8, p. 3).
• Derecho de autor vs. derechos conexos (artistas intérpretes y productores de fonogramas).
• SADAIC Córdoba vs. Argentores: en el primero, la entidad no representa a quienes no son socios ni a artistas extranjeros sin convenio; en el segundo, la ley le da a la entidad la administración de un repertorio y los contratos privados con autores no se le pueden oponer. La diferencia de fondo es el tipo de repertorio y la norma que lo respalda (Ley 17.648 vs. Ley 20.115), y la existencia de licencias alternativas ajenas a la entidad. (Aplicación propia de este resumen, no de la bibliografía: la comparación no la hace la sentencia.)
• Gestión colectiva vs. licencias abiertas (Creative Commons / acceso abierto).
• Derecho argentino vs. español: SGAE no es SADAIC.

Lo imprescindible (repaso de 5 minutos) #

1. Gestión colectiva = entidades que representan a titulares y recaudan, administran y distribuyen; nacen por los usos secundarios (U8, p. 1).
2. Tres tipos de entidades: tradicionales, centros de gestión, ventanilla única (U8, p. 2).
3. Derechos gestionados: ejecución pública, radiodifusión, reproducción mecánica, obras dramáticas, reprografía, derechos conexos.
4. Deducción social/cultural: según la CISAC, no más del 10 % de los ingresos netos (U8, p. 4).
5. DRM: reglas de uso en metadatos o en el paquete cifrado; servidor de licencias; cinco factores (confianza, seguridad, facilidad de uso, ampliación, compatibilidad). WCT y WPPT (1996) protegen medidas tecnológicas e información sobre gestión de derechos.
6. SADAIC Córdoba: televisores con canales de música bloqueados + música CC de Jamendo = sin arancel; SADAIC no representa a no socios ni a artistas extranjeros sin convenio.
7. Argentores c/ Telefe: Ley 20.115, legitimación; soporte irrelevante; contratos con autores inoponibles (orden público); el canon no depende del éxito.
8. Ferrer c/ SADAIC: entidades fiscalizadas por el Estado (Ley 17.648, Decreto 5146/69); rendición por Memoria y Balance; sin prueba de cobro en Chile no hay condena.
9. SGAE v. Disco Bar: presunción de repertorio rebatible; si el demandado prueba que usa música libre, la entidad debe probar que usó la suya. Fallo español.

Erratas de las fuentes #

Errores de transcripción o de tipeo del texto de la cátedra, corregidos en este apunte (lo que dice la fuente → lo correcto).

• Encabezado del archivo de la Unidad 8: dice «Unidad 10» y «Unidad 8» → es la Unidad 8.
• Guía de Ferrer c/ SADAIC: «Ferer» → Ferrer.